La escasez de magistrados de Tucumán se parece cada vez más a un desierto sahariano inconmensurable. Sucede que la sequía no cede ni cuando el Gobierno cumple su parte y define las ternas con aspirantes a la judicatura que le remite el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Esa paradoja quedó a la vista el jueves, cuando el gobernador Juan Manzur comunicó tres designaciones definitivas a la Legislatura que implicarán otras tantas acefalías puesto que los nombres escogidos corresponden a un juez, un fiscal y una defensora oficial en funciones. Además, el mandatario hizo uso por segunda vez de la potestad para nombrar jueces interinos y envió al abogado Walter Ojeda Ávila a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción (se informa por separado).
Como consecuencia de esos nombramientos, la defensora oficial Carolina Ballesteros se convertirá en jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital, y el fiscal Fabián Rojas y el juez Guillermo Acosta se transformarán en vocales de la Cámara Penal de Concepción. Los tres habían llegado a sus respectivos puestos por decisiones del ex gobernador José Alperovich, previo concurso en el CAM. Salvo en el caso de Ballesteros, el Poder Ejecutivo de Manzur estaba obligado a “vestir un santo para desvestir otro”. Ocurre que las ternas para la Cámara Penal estaban integradas exclusivamente por funcionarios que aspiraban a un ascenso. Al elegir al fiscal Rojas, el concursante que cerraba la propuesta de una de las vocalías de la Sala III de la Cámara Penal, el jefe de Estado descartó respectivamente a Ballesteros y a Acosta. Con la selección del juez Acosta sucedió algo parecido puesto que este integraba el terceto que encabeza la defensora oficial y cerraba Roberto Flores, candidato que también cuenta como magistrado en ejercicio puesto que acaba de recibir el acuerdo legislativo para desempeñarse como camarista en Concepción (todavía no asumió).
En el único supuesto en el que no estaba forzado a gestar una nueva acefalía porque tenía opciones, Manzur optó por desocupar una Defensoría Oficial de Concepción. Integraban la terna para el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 el funcionario judicial federal Agustín Puppio; Ballesteros, la candidata elegida, y la funcionaria judicial provincial Carmen Rosa López. La titular de la Defensoría N°2 consiguió así el visto bueno para pasar al Poder Judicial de la capital después de cuatro años de desempeño en el sur y justo cuando el oficialismo había dado el paso necesario para permitir la organización del Ministerio Público de la Defensa al designar a Washington Navarro Dávila como su primer jefe. También en este caso, el Gobierno, que disponía de la posibilidad de cubrir el cargo en forma discrecional, creó una nueva acefalía puesto que Navarro Dávila se desempeña como fiscal de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital. Ya como defensora oficial, Ballesteros había entrado en ocho ternas para la Justicia provincial, pero no lograba pasar la etapa política del proceso de cobertura de vacantes judiciales.
La ley vigente no establece límites para el derecho a concursar de los magistrados y funcionarios constitucionales. En teoría, un juez puede asumir y, al día siguiente, volver a competir para cambiar de sede o de función judicial, o para ascender. En abril, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, había dicho que hacía falta una ley que obligara a los jueces, fiscales y defensores oficiales a permanecer al menos tres años, pero no hubo novedades. El vacío legal deja la aplicación de restricciones a cargo del Gobierno. Pero los casi 10 años de experiencia del CAM han confirmado que los ejecutivos tienden a volver a designar a los miembros de la judicatura, máxime si los finalistas se repiten. El fenómeno de ternas integradas por los mismos candidatos se profundizó durante la gestión de Manzur por las demoras en definirlas. El saldo de esa situación inédita es la existencia de tercetos para dos fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta capital que no pueden ser cubiertas porque todos los ternados ya ocupan cargos en la Justicia. Las propuestas están paradas en el Poder Ejecutivo desde junio de 2017, a la espera de que surja alguna solución legislativa.
Las acefalías creadas por las designaciones que concretó el Gobierno afectan a los Tribunales de Concepción donde, junto con los de Monteros, debutaría la reforma procesal penal postergada. La escasez de jueces dio lugar a la sanción de la norma que permite al gobernador escoger interinos a partir de listas de concursantes elaboradas por el Consejo Asesor de la Magistratura.